La Ley No. 189-11 sobre el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fidecomiso en la República Dominicana promulgada en fecha 16 del mes de julio del año 2011, tiene por objeto crear las figuras jurídicas e instrumentos financieros para el desarrollo del mercado hipotecario en la República Dominicana. Por vía de la misma, fueron creados incentivos fiscales para atraer inversionistas nacionales y extranjeros interesados en fomentar y promover el desarrollo de proyectos de viviendas de “bajo costo” con la finalidad de reducir el déficit habitacional en República Dominicana.

El Reglamento No. 95-12 promulgado en fecha 2 del mes de marzo del 2012, complementa aspectos jurídicos de la Ley 189-11, proveyendo mayor detalle sobre las distintas modalidades de los Fideicomisos, el correspondiente procedimiento de constitución de los mismos, así como las reglas de operatividad y extinción. El referido Reglamento incluye las normas y requerimientos concernientes a la regulación para el funcionamiento del fideicomiso respecto a los temas contables, financieros, administrativos y la correspondiente rendición de cuentas a los fideicomitentes y distintos Reguladores estatales.

La Norma 01-2015, emitida por la Dirección General de Impuestos Internos en fecha 22 del mes de abril del 2015, establece los procedimientos, requerimientos, obligaciones y deberes a los cuales quedan obligados los distintos actores del ámbito del fideicomiso frente a la Administración Tributaria en República Dominicana. A la vez, la referida Norma desglosa y detalla las diversas exenciones fiscales que puedan recaer sobre las distintas modalidades de fideicomisos reconocidos por la Ley 189-11. Por otra parte, la Norma 02-2016, emitida por la Dirección General de Impuestos Internos en fecha 30 del mes de noviembre del 2016, tiene por finalidad modificar ciertos artículos de la Norma 01-2015.

La Fiduciaria Trust & Partners, en virtud de la ley 155-17 Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, está sujeta al cumplimiento de obligaciones destinadas a prevenir, detectar, evaluar y mitigar el riesgo de lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.

El Reglamento 408-17, Reglamento de Aplicación de la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (LA/FT), establece las disposiciones y procedimientos para la implementación efectiva de la Ley 155-17 en la República Dominicana. Este reglamento detalla las obligaciones de los sujetos obligados, las medidas de debida diligencia, los procedimientos de monitoreo y reporte de operaciones sospechosas, así como los mecanismos de supervisión y sanción. Su propósito es fortalecer el sistema nacional de prevención y combate del lavado de activos y la financiación del terrorismo, alineando al país con los estándares internacionales y garantizando la transparencia e integridad del sistema financiero y no financiero.

La Norma General 03-18, emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), establece los lineamientos y obligaciones para la prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT) en los sectores y actividades supervisados por la DGII. Esta norma define los procedimientos de debida diligencia, identificación de clientes, monitoreo de operaciones, y reporte de transacciones sospechosas, con el objetivo de fortalecer los controles internos y la transparencia en las actividades económicas. Su implementación busca alinear las prácticas del país con los estándares internacionales y proteger la integridad del sistema tributario y financiero frente a actividades ilícitas.

La Norma General 02-12, Sobre el Régimen Tributario del Fideicomiso, fue una disposición emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) de la República Dominicana, que establecía las reglas fiscales aplicables a las operaciones y rendimientos de los fideicomisos en el país. Su objetivo era regular los aspectos tributarios relacionados con la constitución, gestión y liquidación de los fideicomisos, garantizando su adecuada tributación y transparencia fiscal. Actualmente, esta norma se encuentra derogada, y su contenido ha sido sustituido o integrado a nuevas disposiciones legales que actualizan el marco regulatorio de los fideicomisos en la República Dominicana.

El Decreto 359-12, Reglamento para la Acreditación de Proyectos de Viviendas de Bajo Costo en la República Dominicana, establece las normas y procedimientos para calificar y acreditar los proyectos habitacionales que cumplan con los requisitos de vivienda de bajo costo, según los parámetros definidos por la ley. Este reglamento facilita a los desarrolladores inmobiliarios el acceso a beneficios fiscales y a los adquirientes la posibilidad de acceder a incentivos, como la exención del pago de impuestos sobre transferencias inmobiliarias. Su finalidad es promover la construcción de viviendas asequibles, reducir el déficit habitacional y fomentar el acceso a una vivienda digna para familias de ingresos medios y bajos.

Este Decreto establece las disposiciones y requisitos para la actuación de los agentes de garantías, figuras encargadas de administrar y supervisar las garantías otorgadas en contratos de crédito y otras operaciones financieras. Este reglamento regula su rol como intermediarios entre acreedores y deudores, asegurando la correcta ejecución y custodia de las garantías constituidas. Su objetivo es fortalecer la seguridad jurídica, promover la transparencia en las operaciones garantizadas y fomentar el acceso al crédito, especialmente para pequeñas y medianas empresas, bajo un marco regulatorio confiable y eficiente.

Ley que modifica el artículo 129 y el artículo 131 en sus párrafos I, II y III de la Ley 189-11, es conocida como la Ley General de Facturación Electrónica, establece el marco regulatorio para la implementación y uso obligatorio de la facturación electrónica en el país. Su objetivo principal es modernizar y eficientizar los procesos fiscales, garantizando mayor transparencia, control y reducción de la evasión tributaria. Esta normativa promueve la adopción de tecnologías digitales en las transacciones comerciales, facilitando a las empresas la gestión de sus comprobantes fiscales y contribuyendo al fortalecimiento de la administración tributaria y del clima de negocios en la República Dominicana.

Esta Ley modifica los artículos 129 y 131 de la Ley 189-11, también conocida como la Ley de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites, tiene como objetivo establecer un marco jurídico que promueva la eficiencia, transparencia y simplificación en los procesos administrativos del Estado. Busca reducir la burocracia, optimizar los servicios públicos y facilitar las actividades productivas mediante la eliminación de trámites innecesarios y la implementación de regulaciones claras y efectivas. Esta ley representa un compromiso con la modernización institucional y la mejora del clima de negocios en el país, impulsando la competitividad y el desarrollo económico.